La historia de 27 personas que trabajaron para una compañía de la Familia Char, dueña de Las Olímpicas y que después de 26 años de haber sido despedidos siguen acudiendo todos los días a su puesto de trabajo esperando una solución, es muy singular.
Estás 27 personas trabajaban en la Hacienda Agua Chica ubicada en el municipio de Turbaco, vía que conduce a Turbana, al norte de Bolívar es un predio de 100 hectáreas donde floreció una prospera industria de concentrados que producían pollos de engorde, cerdos, huevos y reses.
La finca surtía a las Supertiendas Olímpica de Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Santa Marta e incluso San Andrés Islas.
Pero en 1998, hace 26 años, fue cerrada y desde entonces, 27 empleados que laboraban en ese predio están luchando por sus derechos en medio del abandono, esperando una solución a su problemática laboral.
Lo singular es que debido a un proceso laboral, esas personas se mantienen en posesión de la Hacienda Agua Chica. Ellos acuden todos los días al predio y sobreviven cultivando productos como yuca, ñame y plátano.
Durante unas horas, todos los días, esperan sentados en la entrada del predio, una noticia sobre el fin del litigio laboral que ya cumplió más de dos décadas.
Relatan que en 1988 los empresarios dueños de la finca aplicaron como estrategia para evadir los compromisos laborales con los trabajadores, la fusión con otras sociedades. Una de ellas se declaró en estado de insolvencia y fue asumida por otra compañía dejando en la calle a sus últimos 27 trabajadores. La estructura de producción de la hacienda Agua Chica, la trasladaron a otras fincas del departamento del Atlántico.
Fueron vinculados a través de la empresa ACONDESA S.A. después pasaron a la firma inversiones Duque Aguilera y terminaron con INDUNAL E.S.A.
Cuentan sus trabajadores que en esas tierras se trabajaba con más de 30 mil gallinas, habían más de 8 galpones para la producción de huevos y gallinas. Eran 90 trabajadores de los cual 27 quedaron en condición de abandono.
Ellos, acudieron inicialmente a la Oficina Regional del Trabajo, que luego de una investigación e inspección al lugar, escuchar a los trabajadores y el incumplimiento sistemático a las citaciones de los representantes de las empresas “fachadas” de los Char, el Ministerio del Trabajo declaró el cierre ilegal, al igual que el despido masivo quedó sin efecto; por lo que desde entonces, los empleados permanecen en sus lugares de trabajo y a la espera que le definan su situación laboral.
Se denuncia que el Representante suplente de ACONDESA S.A. Jairo Alzamora Girado y su abogado Antonio Morales Casabuena, lo han intentado sacar en múltiples oportunidades y que lo han tratado de invasores. Pero allí permanecen.
Efraín Miranda, abogado de los trabajadores en abandono, dio a conocer que la situación de estas familias es apremiante, “han pasado gran parte de su vida a la espera de una solución laboral, de las empresas fachadas que esconden la responsabilidad de los verdaderos dueños como lo es la familia Char, que prácticamente deja entrever que nada tienen que ver con estos trabajadores”.
A firmó el abogado Miranda, que la familia Char puede tener una solución a la problemática de los trabajadores; que si bien es cierto hay unos procesos laborales, se puede llegar a un acuerdo y buscar una solución a la problemática de estos señores.
De los 27 trabajadores en abandono, ya han fallecido 4 y la solución que piden, es que le paguen sus derechos laborales o que le dejen la tierra para ellos producirlas.
Los trabajadores de los Char que están en abandono son: Rafael Antonio De Ávila Monterrosa, quien ya tiene 94 años de edad, Luis Guerra Correa, Miguel Balleta Rodríguez, Rafael Nazario Arias Pacheco, Orlando Morales Gueto, Carlos Pájaro Beltrán, Roberto Acuña Gómez, Luis Enrique Escobar Pulido, Víctor Manuel Marrugo Pájaro, Jairo Marrugo Gutiérrez, Fernando Cárdenas Quintana, Germán Sierra, Tobías Cabarcas, Gabriel Bedoya Toro, Tomas De Voz Urueta, Luís Fontalvo, Gabriel Calvo, Adolfo Ramos, Francisco Severiche, Alfredo Quintana y Richard Arnedo
Hablan los afectados
Jairo Marrugo Gutiérrez, quién cuando cerraron la empresa tenía 13 años de labores y lleva 26 años de espera que le resuelvan su situación laboral, reconoce que han llevado toda una lucha jurídica y las empresas que le niegan sus derechos en más de siete ocasiones han presentado amparos policivos para sacarlos y han aplicado una estrategia de desgaste para desaparecerlos.
“Hay demandas presentadas en los juzgados y nunca asisten a las audiencias citadas, siempre fueron aplazadas para desaparecernos. Siempre ha sido así, ellos nunca han ofrecido ni se han acogido a los que verdaderamente determina la Ley, Ellos nunca se han sentado a negociar con nosotros y lo que han ofrecido es migaja”.
Víctor Manuel Marrugo Pájaro, denunció: “Nos han demandado en la inspección de Policía de Turbaco, como invasores, nosotros no somos invasores, nosotros queremos que nos solucionen el problema de raíz, que nos liquiden el tiempo de trabajo y que sean conscientes que nosotros no estamos peleando nada malo sino es el fruto de nuestro trabajo”.
Luis Guerra Correa, destacó que lo han dejado en abandono total y clamó por una pronta solución: “Ya nos hemos envejecidos, estamos en una edad que ninguna empresa nos recibe, por lo menos yo tengo 63 años, hay compañeros que tienen 90, otro 70, otros 80 y otros que han fallecido, esto ha sido una calamidad”.
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