En última instancia, Corte Suprema ratifica condena contra ex concejales César Pión y Américo Mendoza

Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, la Corte Suprema de Justicia con fecha 7 de febrero de 2024, ratificó en todas sus partes la decisión que tomó la Sala Penal del Tribunal Superior Cartagena que ordenó la captura de los exconcejales César Pión González y Américo Mendoza Quessep, a quienes condenó a una pena de 48 meses de prisión como coautores responsables del delito de prevaricato por acción.

De esta manera, la Sala del Alto Tribunal se pronuncia sobre la impugnación especial presentada por la defensa de Pión González y Américo Elías Mendoza contra la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de enero de 2022, que los condenó por primera vez como coautores del delito de prevaricato por acción.

Los hechos, objeto de la sentencia condenatoria de última instancia, se remontan al mes de marzo del año 2012 cuando César Pión actuando como residente Ad-hoc del Concejo y Mendoza como Segundo Vicepresidente, suscribieron 35 resoluciones en las que, sin contar previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal, reconocieron a favor de concejales y exconcejales de esa Corporación, el derecho a la reliquidación de los honorarios derivados de su participación en las sesiones llevadas a cabo en el período comprendido entre el 2001 y 2009, cuyo gasto ascendió a la suma aproximada de $7.200 millones de pesos.

En su sentencia, la Sala Penal ordena una multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilita a ambos por 80 meses para el ejercicio de funciones públicas.

Consecuencialmente, ordenaron el pago de los porcentajes avalados a cada uno de los beneficiarios, con cargo a la vigencia fiscal de 2012, a pesar de que esta, de acuerdo con las apropiaciones fijadas en su presupuesto, no incluía la partida que respaldara su cumplimiento.

Cabe anotar que los magistrados de la Corte Suprema comparten la tesis emitida en el fallo de segunda instancia en el sentido que no importa que los dineros objeto de las 35 resoluciones no alcanzaron a pagarse porque se emitió otro acto administrativo corrigiendo el error.

“En criterio de la Sala es improcedente la tesis de la defensa en el sentido de que, se considere el “principio de la insignificancia” respecto del actuar de los procesados y, que entonces pueda estimarse que la pena impuesta sea un mecanismo extremo, así como que deban analizarse métodos alternos como forma de retribución al daño causado. Sin duda que, dicho comportamiento no puede considerarse inofensivo porque pretendieron aquellos desviar del presupuesto, sin cumplir con los requisitos legales, la no despreciable suma de $7.200 millones”, puntualiza el fallo.

Luego del fallo de segunda instancia del mes de enero de 2022, los dos ex concejales fueron condenados a pagar la pena en sus lugares de residencia, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

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