Víctimas de crímenes de Estado de Montes de María ampliaron información a la JEP

Las víctimas de 10 masacres (Pativaca, Chengue, Pichilín, Las Brisas, El Salado, Las Palmas, Libertad, Colosó, Macayepo y Canutalito) perpetradas por agentes del Estado en connivencia con paramilitares en la región de Montes de María, víctimas de desplazamiento forzado y familiares de víctimas de homicidios selectivos, acreditadas en el macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron hoy en audiencia de ampliación de informes y entrega de información, con el propósito de nutrir la investigación de los hechos.

Se trata de las víctimas acreditadas dentro del subcaso Montes de María y municipios cercanos, que son representadas por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que en diciembre del año pasado le solicitó a la JEP la audiencia, la cual tiene un carácter restaurativo y se realizó en Sincelejo, Sucre.

“No existe duda de que estos hechos criminales se pudieron cometer debido a la fuerte alianza entre paramilitares, agentes estatales y políticos locales y regionales. Durante años, (…) no fue posible avanzar en un enfoque de investigación que, en lugar de abordar los casos de manera aislada, buscara entre ellos una relación de conexidad para la identificación de patrones y modus operandi conjuntos entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo en la región y llegar a la responsabilidad de funcionarios y altos mandos de la Primera Brigada de Infantería de Marina y de batallones adscritos a ella, incluso se han precluido investigaciones. Por esto, para las organizaciones representantes de víctimas la apertura del macrocaso 08 ha respondido a una demanda histórica sobre la verdad del proyecto paramilitar,” señalaron abogados del Cajar.

Agregó el Cajar que, en el marco del esclarecimiento y el acceso a justicia, deberán adelantarse actividades investigativas que vayan más allá de quienes integraron la Brigada Primera de Infantería de Marina, avanzando en quienes integraron el Comando Central de la Armada, así como la División Atlántico para el momento de los hechos.

Durante la audiencia, las víctimas y sus representantes entregaron un documento de anexo a la diligencia en el que recogen hallazgos relacionados con: análisis de hechos victimizantes y responsabilidad, perfiles de las víctimas, daños colectivos y una mirada de género e interseccional, así como propuesta de lo que debería ser el conjunto de prácticas y proyectos restaurativos en la región de Montes de María.

También hicieron entrega a la JEP de cartillas de recopilación de memoria que describen historias de vida de víctimas de algunas de las masacres, homicidios selectivos y persecución a liderazgos sociales de las que fueron víctimas.

Las víctimas tienen altas expectativas frente al esclarecimiento y la materialización del derecho a la verdad, esperamos estas puedan ser cumplidas en virtud de la gestión de la Jurisdicción.

En este sentido y a través de sus representantes, manifestaron la necesidad de que la región de Montes de María cuente con uno de los proyectos restaurativos enmarcados en el Sistema Restaurativo, lo que sería en sí mismo un acto reivindicativo y de reconocimiento de la crudeza de los hechos victimizantes y de las profundas relaciones de la Fuerza Pública con grupos paramilitares durante un largo periodo.

Este proyecto deberá aportar a la permanencia digna en los territorios, a través del fortalecimiento de la producción en la región; a la recuperación de costumbres, pues uno de los impactos colectivos más documentados fue la pérdida de saberes ancestrales, así como de diversas tradiciones; a la generación de espacios para la construcción colectiva de memoria de los Montes de María, que son de gran importancia para las víctimas. También hay un gran interés por el acompañamiento psicosocial, el cual va desde lo individual hasta lo colectivo, pues existe un vacío de años en este tema.

En este mismo sentido, las víctimas y organizaciones han enfatizado que en Montes de María se desplegó una Ruta de la muerte, entendida como el recorrido que grupos paramilitares con connivencia de la Fuerza Pública adelantaron por diferentes municipios para cometer masacres y otros crímenes.

Ante esto, se propone el proyecto La Ruta de la Vida, una forma de reapropiar el recorrido que los violentos hicieron hace años para generar movilización entre municipios, a través de ejercicios de memoria entre habitantes y visitantes de la región, visibilizando proyectos productivos, tradiciones gastronómicas y culturales.

Por supuesto, la obtención de justicia es uno de los anhelos y apuestas, la cual está directamente relacionada con el derecho a la verdad, necesaria para la construcción de paz, otorgando importancia a las sanciones y a la restauración para que el proceso sea justo, incorporando también la construcción de garantías de no repetición.

El Cajar, como representante de las víctimas, estará al tanto de las decisiones que se tomen sobre el curso procesal del caso, con el fin de garantizar la participación de las víctimas y de nuestro acompañamiento psicojurídico en cada una de las etapas, todo con el objetivo de lograr el tan esperado acceso a la justicia.

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