Abogado Héctor Pérez, 62 años bien vividos, de esos, 30 dedicados a la lucha social   

Por allá en 1994 el diario El Tiempo registraba una noticia sobre una investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación contra fiscales de Caquetá por supuestas irregularidades en la aplicación de la ley.

La investigación fue solicitada por el personero delegado en lo Penal de Florencia. Se trataba del abogado Héctor Segundo Pérez, quien denunció parcialidad en algunos procesos y la injerencia de la clase política sobre la justicia.

De eso hace 30 años, fue el inicio de una larga trayectoria que le han permitido a Héctor Pérez ser el único colombiano postulado este año 2024 en Europa al premio Internacional «Front Line Defenders», que se entrega a las personas más destacadas en la lucha social en el mundo.

A lo largo de 30 años el abogado Héctor Pérez ha participado como activista y cofundador de varias organizaciones dedicadas a combatir la corrupción y luchar por la reivindicación de los derechos de los más vulnerables.

Cofundador de la Red de Veedurías Ciudadana Cartagena de Indias, del Movimiento Ciudadano Frente Contra la Corrupción junto con los activistas Milciades Garcés y Jorge Piedrahita, y de la Veeduría Popular por Cartagena, siendo su presidente.

Triunfos jurídicos

Cómo abogado, Héctor Pérez logró que se revocara la adjudicación de la App Corredor Portuario, que pretendía instalar 6 nuevos peajes internos en Cartagena durante 30 años.

Con diferentes actuaciones jurídicas cuestionó la adjudicación del contrato de Protección Costera, logrando que se declarara desierta la primera licitación, pero finalmente, se hizo la contratación con las terribles consecuencias que hoy tenemos.

También ha defendido a campesinos y nativos para que se les devuelvan y/o adjudiquen sus tierras con buenos resultados a pesar de haberse enfrentado a grandes terratenientes y conglomerados empresariales como como el Grupo Santodomingo.

Emprendió y sigue vigente su lucha contra los atropellos de Afinia, por las altas tárifas, el cobro ilegal de la cartera dejada por Electricaribe y la instalación ilegal de medidores.

Héctor Pérez asegura que aún le queda mucho por aportar desde lo jurídico y el activismo a las reivindicaciones sociales de las comunidades más vulnerables de Cartagena y Bolívar.

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