La batalla jurídica que emprendió el abogado Héctor Pérez con el objetivo de lograr la devolución de sus tierras a unos 10.000 nativos campesinos afrodescendientes de la Isla de Barú, herederos de 94 colonos que adquirieron el predio Santa Ana hace más de 140 años, logró un avance transcendental que se materializará en el primer trimestre 2024.
La Unidad Nacional de Restitución de Tierras le informó al abogado Héctor Pérez, en respuesta a un derecho de petición interpuesto ante esa entidad, que en el primer trimestre del próximo año, profesionales de esa dependencia llegarán hasta la Isla Barú a cumplir con los primeros pasos que se espera culminen con la devolución de las tierras del predio Santa Ana a los herederos de sus legítimos dueños.
Es la primera vez que la Unidad Nacional de Restitución de Tierras asume un compromiso de gran envergadura en un proceso jurídico que lleva muchos años. «Es importante resaltar el apoyo y respaldo de diferentes organizaciones como la Veeduría Judicial, Vejuca, liderada por el abogado Erick Urueta», dijo Héctor Pérez.
“Nos complace informar que los profesionales de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierra-Bolívar van a realizar un trabajo de campo durante tres meses en la Isla Barú con el objetivo de ampliar la información que le suministramos en el marco del proceso de restitución. Este es un hecho transcendental porque es un paso determinante en el proceso jurídico”, explicó el abogado Héctor Pérez.
Añadió que en el trabajo de campo se incluirá a los integrantes de la Asociación Comité Herederos Propietarios de la Hacienda Santa Ana-Isla Barú, como también al Consejo Comunitario de Santa Ana-Barú y demás personas interesadas en el proceso.
La demanda
La demanda interpuesta por el abogado Héctor Pérez fue dirigida al Director Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas; Dirección jurídica
Unidad de Restitución de Tierras, Líder del Equipo de Casos Emblemáticos Unidad de Restitución de Tierras y a la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras de la
Procuraduría General de la Nación.
“La demanda busca restituir la propiedad de la antigua Hacienda Santa Ana- Isla de Barú a sus verdaderos propietarios, a 15.000 nativos campesinos afrodescendientes. La demanda consta de 1.200 folios donde está probado el despojo jurídico y violento que lo largo de los años han sufrido los herederos de los 94 colonos dueños originales de la Isla de Barú, según costa en escritura pública del año 1887”, señala el abogado.
En la acción legal, se presentan más de 100 pruebas de la manera como muchas personas, a través de demandas de pertenencia prescribieron fraudulentamente grandes porciones de tierras de propiedad de los nativos, con la complicidad de la Oficina de Registro, el IGAC, inspectores de policía y jueces de la República.
Vicepresidencia tiene interés en el caso
La acción jurídica llamó la atención de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien le solicitó a la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, que realizara una audiencia pública en Barú, en el marco de un voluminoso proceso.
La solicitud de la Vicepresidenta a la Agencia Nacional de Restitución de Tierras se enmarca en la misión que le ha otorgado el Presidente de la República de velar por el respeto de los derechos humanos y a la igualdad y que esa entidad debe darle trámite lo antes posible a la solicitud de los nativos de Barú que esperan recuperar su legítima posesión.
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