La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, durante la audiencia sobre “Irrupción ilegal de tierras en Bolívar”, realizada este jueves en Cartagena, aseveró que se recibieron las inconformidades de los asistentes, en su mayoría por “presuntos incumplimientos por parte de las autoridades de sus deberes funcionales, que pueden generar sanciones disciplinarias”.
En la audiencia se escucharon más de 15 denuncias relacionadas con la presunta participación omisiva y en otros casos como cómplices de funcionarios públicos en apoyo a procesos de invasión de terrenos de la Nación y de particulares, entre ellos, los nativos raizales de las zonas insulares de Cartagena.
Erik Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial, fue uno de los denunciantes y manifestó que “pareciera que los nativos y raizales fueran los invasores teniendo en cuenta que son a quienes les pertenece la tierra, hoy presentamos una denuncia contra la empresa Sociedad Portuaria Babaria que adhirió terrenos concesionados de bajamar a escrituras públicas particulares», sostuvo.
También le dijo a la Procuradora que interpuso una denuncia penal en su contra por por calificar de invasores a todos los nativos de Baru, tan solo en la apertura de una indagación preliminar sin ningún elemento de juicio, siendo los nativos los propietarios y poseedores ancestrales de las tierras.
Según el portal Alerta Caribe, una de las denuncias de mayor impacto la hizo El abogado litigante, Cesar Amaya, manifestó que está amenazado por los invasores con la complacencia de las autoridades.
“Mi denuncia va encaminado a la alcaldía de Cartagena, inspectores de policía de Punta Canoa, Bayunca, secretaria del interior de la alcaldía de Cartagena, oficina de registro, Fiscalía, Policía Nacional y la propia Procuraduría», sostuvo el abogado.
Añadió, «recupere dos inmuebles ubicados en el sector El Faro de Punta Canoa de 65 hectáreas que han sido invadidos, los inspectores de Policías con una maniobra deliberada y organizada admiten querellas sin identificar los inmuebles por sus folios de matrícula inmobiliaria, proceder por el cual logran evitar que los propietarios inscritos se enteren de las actuaciones como amparos policivos, esto da como resultado que el propietario fuera despojado».
De la misma manera, Wilmal Herrera Imitola, defensor de las comunidades, señaló «solicite señora Procuradora al alcalde de Cartagena, que proteja a Tierra Bomba, necesitamos garantizar el mecanismo de protección».
Llamado a funcionarios públicos
La jefe del Ministerio Público manifestó que con este espacio en el que participaron otras entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Policía, entre otras, busca “impulsar soluciones y a hacer un llamado a las y los funcionarios competentes para que atiendan efectivamente los casos ya existentes de ocupaciones ilegales de tierras y eviten nuevos hechos similares” en el departamento de Bolívar.
La Procuradora aseguró que la misionalidad del ente de control es preventiva para realizar mesas de diálogo como el realizado en Cartagena, y disciplinaria, “de castigo y de sanción, para que servidores públicos no incumplan su deber funcional frente a la problemática en el país”.
Además, reiteró a los asistentes que pueden encontrar “en la Procuraduría General de la Nación una institución representante de los intereses de la sociedad y que busca el bien común, siempre apegados al ordenamiento jurídico”.
Leave a Reply