Ante la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia contra la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por calificar de invasores a contra todos los nativos de Baru, tan solo en la apertura de una indagación preliminar sin ningún elemento de juicio, siendo los nativos los propietarios y poseedores ancestrales de las tierras.
La denuncia fue interpuesta por Erick José Urueta Benavides en su calidad de presidente de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena – Vejuca y Vicente Girado Julio, nativo de Santa Ana, Isla de Barú de Cartagena.
La denuncia se adjunta varios reportes de la prensa nacional en los que la procuradora Cabello hace unas afirmaciones tendenciosas, calumniosas, injuriosas y difamatorias contra todos los pobladores de la Isla de Barú, cuando la funcionaria como agente del Ministerio Público debió guardar el decoro y no acusar a los nativos de invasores, cuando no hay ninguna condena.
A la Procuradora se le denuncia por los presuntos delitos de Prevaricato por Acción, presunta injuria, presunta calumnia y presunto fraude procesal.
Unas de los reportes de prensa adjunto a la denuncia es del 19 de octubre de 2022. La Procuradora en la emisora nacional la W manifiesta que “En las playas Playa Blanca, corregimiento de Santa Ana, Isla de Barú y jurisdicción de Cartagena, el ente de control analizará las actuaciones de varios funcionarios por no ejerce control sobre la invasión de los predios “Buenavista”, “Cabecera de la Pista”, “La Coqueta” y “Lucas Girado”. El mismo reporte de prensa fue publicado por otros importantes medios como El Espectador y El Tiempo.
En la denuncia se hace un recuento de las acciones jurídicas interpuestas contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, IGAC, y GO Catastral que presuntamente aperturaron ilícitamente folios de matrícula y referencias catastrales en la tierras que pertenecen a la Hacienda Santa Ana en la Isla de Barú, que siempre han sido y aun hoy son poseedores y propietarios común y pro indiviso los herederos de los 94 colonos que adquirieron mediante escritura pública número 129 del 12 de mayo de mil ochocientos ochenta y siete (1887).
También la denuncia para que se investigue y judicialice a Gabriel Echavaría Obregón y otros particulares, la mayoría miembros de su familia, que se encuentren relacionados con los presuntos despojos de tierras, como aquellos que adelantaron demandas de pertenencias de forma fraudulenta para apropiarse de los terrenos de los nativos en la Hacienda Santa Ana en la Isla de Barú y que posteriormente fueron trasfiriendo a empresas de su propiedad y de sus familiares, con la complicidad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y del IGAC.
Hacen parte de la denuncia contra la Procuradora todas las pruebas recopiladas durante el proceso jurídico que vienen adelantando los nativos de Barú durante varios años.
Los denunciantes esperan que la Corte Suprema adelante las investigaciones lo más rápido posible para evitar el despojo de las tierras ancestrales de los nativos de Barú.
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