La Tasa Interna de Retorno, TIR, fue el punto de discusión que permitió que la administración del alcalde William Dau tomara la decisión de ordenar el levantamiento de las talanqueras en los peajes internos de Cartagena, fue resuelto por un fallo de la Contraloría General de la República.
En enero de 2021 el alcalde DAU, basado en un pronunciamiento de la Contraloría General de la República el cual alertó sobre un presunto detrimento patrimonial de 300 mil millones de pesos porque la Tasa Interna de Retorno, TIR, de los peajes internos de la ciudad se habría recuperado en el 2015, insistió en levantar las talanqueras de los peajes internos, decisión que se tomó días después.
En esa oportunidad, el alcalde Dau aseguró que confiaba en los órganos de control. “Tengo que hablar con el equipo de la Contraloría General de la República que hizo la auditoría para ver qué paso sigue allá y nosotros tomar nuestras alternativas. La verdad yo poco confío en los organismos de control, es bien sabido las peleas que he tenido con la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, pero cuando hay que dar crédito lo reconozco. Y en este caso la Contraloría obró correctamente, ya van dos decisiones en menos de un año que favorecen a la ciudad de Cartagena”, le dijo el mandatario local a la cadena de radio Caracol.
El nuevo fallo
Sin embrago, se conoció este jueves el fallo de segunda instancia de la misma Contraloría General de la República en el que se resuelve un recurso de apelación, en el que no solo exonera de responsabilidad fiscal a la Concesión Vial de Cartagena S.A., operadora de los peajes, sino que determinó que la Tasa Interna de Retorno (TIR), garantizada contractualmente, no se ha alcanzado.
En el fallo la Contraloría declara con responsabilidad fiscal a varios ex gerentes de Edurbe y directores de Valorización Distrital por contratar obras adicionales que, si bien fueron legales, se pactaron con la TIR contractual, teniendo el Distrito otro modelo para financiar y contratar dichas obras.
Fin a la polémica de la TIR
Con este fallo, se cierra de forma definitiva la controversia en sede del control fiscal, quedando claro jurídicamente que al no haberse alcanzado la TIR pactada en un 17.22%, el contrato está vigente.
Queda claro también que las obras complementarias pactadas se están recuperando con base en la TIR convenida en el contrato, y ratifica lo dicho por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar cuando revisó judicialmente las actuaciones, encontrándolas dentro de la legalidad. Así como también en su oportunidad se pronunciaron favorablemente tanto la Procuraduría como la Fiscalía General de la Nación.
Este proceso culminó un trámite de investigación en el que se le garantizó al concesionario el derecho a la defensa y contradicción, mediante un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, y por tanto quedó en firme.
En conclusión, la ciudad debe tener la certeza jurídica de que el contrato sigue vigente y por ende: Continúa ejecutándose, y siendo ley para las partes: Distrito y concesión. “Por ello, reafirmamos la confianza en las instituciones del Estado de derecho y sus decisiones”, dijo René Osorio, presidente de la Concesión Víal.
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