
Por: Víctor Castro Castellar.
Un año después de los asesinatos de 13 de jóvenes, la mayoría la ciudad de Bogotá, a manos de los agentes del “orden”, precisamente, encargados de la seguridad ciudadana, la impunidad reina en torno a esos lamentables hechos. Una vez más la justicia colombiana da muestras de ineficiencia e ineficacia y los mismos altos mandos policiales, en este caso, se hacen los de la vista gorda y no mueven un dedo para poner orden internamente a los autores materiales de estos crímenes.
Material probatorio hay suficiente para siquiera apartar de los cargos a los policías que dispararon. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, así se los hizo saber y, en duro pronunciamiento, reclamó a los altos mandos medidas disciplinarias en las filas policiales: “»tengan la plena seguridad de que no nos vamos a ir de esta administración, de ésta alcaldía hasta que no se judicialicen a los que mataron a nuestros jóvenes el 9 y 10 de septiembre, de eso no tengan la menor duda. Nosotros fuimos los primeros que pusimos las denuncias, por ahora no tenemos mayores datos, claro ha pasado poco tiempo y es una investigación difícil, pero ahí vamos a estar y esperando resultados para que se tomen medidas».
Pero hay otros hechos que deben examinarse y sobre este examen las autoridades deben tomar medidas al respecto. Bogotá apenas es un ejemplo del abuso policial que se registra en todo el territorio nacional. En diferentes circunstancias, mueren jóvenes que protestan, que reclaman; otros, bajo custodia en estaciones de policía o en los desprestigiados Comandos de Atención Inmediata, CAI, resulta muertos, en aparentes suicidios absurdos. La policía actúa como si los ciudadanos, sobre todo en la protesta social, fueran sus enemigos y en lugar de proteger, atacan a la población. No es gratuito que se hayan ganado la animadversión de los jóvenes, quienes son las víctimas más frecuentes.
Los CAI que fueron destruidos por una turba enardecida que reclamaba justicia y no más impunidad ante asesinatos y violaciones de los derechos humanos al interior de estos centros, después de un año, se muestran restaurados. Y eso está bien. Sin embargo, surge una inquietud que va en dirección de las garantías que deben darse de aquí en adelante en esos centros policiales. ¿Quién garantiza que los policiales den el trato digno a las personas que por diferentes infracciones sean detenidos? El control se podría manejar con cámaras o con unos centros más visibles a la comunidad. La personería y otros órganos de control y veedurías, deberían estar presentes en cada caso. De lo contrario, estoy casi convencido de que se seguirá rayando en violaciones de derechos humanos por parte de la policía. Se repetirán hechos tan lamentables como el del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, que llevaron al levantamiento genuino de la población.
Al actual comandante de policía, se le hace un llamado para que actúe con hechos más convincentes. De labios para afuera se pueden decir muchas cosas. Pedir perdón de la forma como lo hizo por estos días, poco contribuye a sanar heridas. La justicia restaurativa debe ser con hechos conciliadores. Para que esto suceda, se debe actuar con honestidad, con la verdad y con acciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Hay que buscar a los responsables que aún permanecen en las filas. A las víctimas se les debe proteger. Hay denuncias recientes de que éstas están siendo amenazadas para que no sigan en su derecho a reclamar justicia. ¿Quiénes están detrás de esta execrable re-victimización? ¿Son los mismos que dieron la orden de disparar a la población? ¿Son los mismos que creen que los ciudadanos somos sus enemigos? ¿Son los “sacaojos” de las manifestaciones sociales? No esperemos a que la indignación se fortalezca y cada año las protestas se acrecienten como único recurso para ser mediamente escuchados por unos funcionarios incapaces de restaurar justamente lo que se viene quebrantándo hace largos años.
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