La declaración Universal de los Derechos Humanos, no es una simple declaración de papel. Los Estados, al acogerse a dicha convención, están obligados a darle estricto complimiento y, aún más, materializarlos. Los gobernantes del mundo, sin retórica eufemística, deben ser garantes de ese propósito.
En Colombia aún estamos lejos de alcanzar ese horizonte. Crímenes de Estado, masacre, asesinatos selectivos se cuentan a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Quien hace oposición individual o colectivamente a los gobiernos corruptos, son vilmente asesinados. La misma Fuerza Pública pareciera tener como doctrina, perfilar y señalar como guerrilleros o terroristas—connotación que se puso de moda después del atentado a las Torres Gemelas— a todo aquel que abiertamente hace oposición a los gobiernos locales, regionales o nacionales.
De esta manera sí es compresible que, en medio de la tragedia social que viven los vallecaucanos, se señale a líderes sociales por boca del actual ministro de defensa, Diego Molano, como miembros de grupos ilegales de la región, poniendo la lápida al cuello, sin pruebas suficientes para semejante acusación. Los líderes sociales van cayendo uno a uno al igual que los ex combatientes de las extintas Farc, sin que haya un acción eficiente y eficaz por parte del Estado para contener semejante exterminio. Mientras tanto, altos funcionarios prometen esclarecer estos hechos execrables que rondan la impunidad estatal cómplice, pero se quedan ahí, en sólo discurso.
La pandemia y esta explosión social, inédita en nuestro país, ha develado, no sólo a una Colombia enferma con todos los males sociales: desempleo, pobreza, inequidad, corrupción, etc., sino también a un “régimen”—así lo decía el inmolado Álvaro Gómez—podrido que aún pervive a punta de la violación flagrante de los derechos de los ciudadanos.
En las últimas marchas se escuchan gritos diversos: “no más corrupción”, “abajo la clase política incapaz”, “No más mentiras”; “paren las masacres”, “nos están matando”, no más inequidad”, “tenemos hambre”, “marcho con hijo para que no me lo maten”, entre otras consignas, que cargan sentimientos de rabia y desesperanza.
Abiertamente el “régimen” apunta a una fuerza pública que no protege, sino que reprime y mata ante los ojo del mundo. Jóvenes que han quedado sin uno de sus ojos o que sencillamente mueren por las arremetidas del escuadrón de la muerte llamado Esmad. Según el instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, y otras instituciones oficiales y no oficiales, en los primeros días del Paro Nacional, desde el 28 de abril al 07 de mayo, se registraron cifras alarmantes: 47 asesinatos, 548 desaparecidos, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 28 víctimas de heridas en los ojos, 278 agresiones por la Policía y 1.876 hechos violentos. Mientras tanto, el gobierno Duque guarda silencio y escabulle por las ramas, poniendo un velo miserable como si nada estuviera ocurriendo. La Comunidad reclama respeto a los derechos de los ciudadanos y Duque se llena de circunloquios eufemísticos para justificar las arremetidas de la Fuerza Pública.
La protesta social, un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, hoy está más activo que nunca. Se han tumbado, con estas legítimas marchas, la nefasta reforma tributaria, la reforma a la salud inoportuna y rodó la cabeza del ministro Carrasquilla. Rodarán más cabezas, está en la mira la de un Ministro de Defensa, que en poco tiempo se quemó, sobre todo por declaraciones que incitan a la violencia desde el mismo Estado. El “régimen” tendrá que caer.
Este sistema de cosas es insostenible. De esa podredumbre deber renacer la esperanza de un cambio sustancial, porque si la pandemia llegó para quedarse, la protesta social ya nos muestra el camino: Colombia no será la misma después de estos históricos acontecimientos. Tenemos derecho a soñar con una Nación más justa, más equitativa., más digna para todos los colombianos.
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