En 2009 la Dirección Nacional de la Policía publicó un Manual que justifica la presencia de los CAI en las ciudades, pueblos y comunidades que requerían del servicio policial más cercano y oportuno.
Según el mismo Manual estos comandos se definen como “una unidad menor policial con jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades, comunas o barrios de las principales ciudades que posean esta división territorial, encargada de orientar y fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
Estas unidades descentralizan el servicio que se presta desde la Estación de Policía, acercándolo a la ciudadanía, mediante el trabajo participativo con ella y las autoridades locales”. La definición recoge en esencia el fin con que fue concebido este servicio de vigilancia urbana: Prevención del delito y la contravención, así como atender a los requerimientos ciudadanos para garantizar la convivencia pacífica. En ese mismo Manual se destacan objetivos como el de la “participación en el desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad del municipio o localidad, atender las necesidades de seguridad en primera instancia y generar y fortalecer la sensación y percepción de seguridad en la ciudadanía…”.
En las grandes urbes como Bogotá, Cali o Medellín, hasta hace algunos años, funcionaron muy bien esos Comandos de Atención Inmediata. Las autoridades y la misma ciudadanía respaldó y contribuyó para que los uniformados tuvieran un lugar confortable. Sin embargo, lo que en un principio fue un centro amable para las comunidades, se transformó en un espacio más del barrio, con la diferencia de que se blindaron como pequeñas fortalezas para evitar ataques de la creciente delincuencia urbana.
Dichos comandos se fueron burocratizando entre los mismos uniformados, e incluso, se ubicaban a los policiales en ciertos CAI como premio o castigo por parte de los comandantes de turno. Los fines se fueron diluyendo y la ciudanía advertía constantemente y se quejaban de que los uniformados no atendían a mínimos llamados ante delitos y contravenciones locales. Tanto se perdió la finalidad de los CAI que las mismas autoridades locales se inventaron una nueva forma de reacción inmediata, hoy conocida como “Cuadrantes de Policía”, en otras palabras, lo mismo con diferente nombre.
Aún los CAI perviven, pero hay serios indicios de que sus fines originarios se desviaron hace tiempo. Los CAI se convirtieron en centros de detención de indiciados, cosa que no se concibió en sus fines y objetivos. Los ciudadanos solicitan asistencia urgente y no hay reacción inmediata. La gente se queja que los roban en las mismas barbas de estos centros creados para prevenir y combatir el delito.
Por otra parte, los CAI mutaron en algunas ciudades del país, a ser centros sistemáticos de tortura. Se tiene noticia de que en ocasiones los detenidos salen maltrechos o muertos, por las golpizas de los encargados de salvaguardar la vida. Un caso reciente y muy sonado en todo el país, fue la tortura y posterior muerte del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, sucedido en un CAI del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá, hecho que se convirtió en el florero de Llorente para que las comunidades vertieran todo su odio y resentimiento contra esos comando urbanos.
En ocasiones los policiales que laboran en esos comandos de atención son tentados por la corrupción y la misma delincuencia. Las famosas “ollas” del micro tráfico de estupefacientes pagan vacunas a los encargados de combatirlos para que “los dejar trabajar”. En Bogotá, en el entonces famoso sector del “Bronx” en el centro de la ciudad, fue desmantelada por la misma Policía, una peligrosa banda de policiales al servicio del narcotráfico. En esta misma ciudad, en el barrio Codito, en la localidad de Usaquén, la misma comunidad denunció en medio de una revuelta que se desató en contra de los uniformados en un CAI de esa zona. Los uniformados cobraban vacunas a transportadores ilegales para no inmovilizar sus vehículos.
Los CAI ya están “muertos”, no cumplen con los fines por los cuales fueron creados, en cambio sí son objeto de señalamientos de que ahí se siguen cometiendo abusos y graves violaciones de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Las horribles de noches de los CAI no cesan, con graves consecuencias tanto para los enardecidos violentos que arremeten como para los mismos policías atrincherados en esos lugares. En la revuelta de septiembre del año anterior, perdieron la vida 11 personas y aún están por esclarecerse esos asesinatos. Sin embargo, parte de la comunidad insistió en revivir al muerto y reconstruyeron esos espacios.
Hoy en el marco del Paro Nacional en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, Los CAI son violentamente atacados y los policiales obligados a salir corriendo, acosados por una turba enloquecida.
Las autoridades civiles y de policía deben reevaluar estos comandos, pues el odio sigue concentrado en unos uniformados que no garantizan los derechos de las personas, hecho que también se percibe en las marchas pacífica de los ciudadanos, donde los policiales(ESMAD)arremeten sacan ojos, destrizan rostros, incluso matan, a la luz de miles de ojos que miran. Sin duda el odio ciudadano se acrecienta y la fuerza policial pierde credibilidad.
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