La cementera multinacional mexicana Cemex de Colombia S.A adquirió una finca-cantera para extraer materia prima en la elaboración del cemento en el corregimiento de Ballestas, Turbana-Bolívar, pero la compañía está en tremendo lío porque quien le vendió el terreno habría falsificado la firma de sus 6 hermanos y habría “resucitado” a su padre fallecido 11 años atrás.
El vendedor habría falseado también la huella dactilar de sus hermanos para vender el terreno a la firma ALARY S.A que a su vez vendió a COSTA ARENAS S.A. Pero lo extraño es que ambas sociedades tienen el mismo representante legal el señor Andrés Restrepo.
La finca objeto del caso se llama “La Sierra” y es propiedad de los hermanos Marrugo Hernández y en proceso se ha demostró que existen falsedades, sin embargo, jueces y fiscales han dilatado el caso de tal manera que la acción penal está a punto de prescribir.
El pleito, con radicación 143-17 del Juzgado 6 del Circuito de Cartagena, se inició cuando Luis Miguel Marrugo Hernández, después de 11 años de fallecido firmó las escrituras 3042-2009 y 3966- 2009 en la Notaria Primera de Cartagena.
La historia se remonta al año 2009 cuando Luis Alberto Marrugo Hernández le falsifico la firma a Luís Miguel Marrugo (fallecidos) y la de sus otros hermanos Martín, Fernando, Gloria, Amelia y José del Carmen Marrugo (fallecido), para quedarse en un bien inmueble llamado La Sierra
Hábilmente Luis Alberto Marrugo Hernández, en asocio con su hija Mary Luz Marrugo Marrugo, orquestaron todo para apoderarse de la finca “La Sierra” y así poder venderla a espaldas de sus hermanos.
Ellos sacaron todas las cedulas falsas de sus hermanos (Vivos y muertos) y en la Notaría Primera de Cartagena procedieron hacer la escritura 3042 del 2009 de una presunta compraventa, donde se decía que él le había comprado al resto de sus hermanos.
Esta primera estrategia casi perfecta, le falló a Luis Alberto Marrugo Hernández, pues se le olvidó colocar en esa escritura falsa el nombre de su hermana Gloria Marrugo Hernández y regresó nuevamente a la Notaría Primera de Cartagena para su corrección y colocar en una nueva escritura; la 3966 del mismo año, la firma falsa de su hermana Gloria y nuevamente levantan de su tumba al difunto Luis Miguel Marrugo Hernández, para estampar su firma.
¿Dónde entra CEMEX a formar parte de este ilícito?
Luis Alberto Marrugo Hernández y su hija Mary Luz, vendieron la hectárea a $33 millones y en los documentos de la negociación se estableció que vendían 50 por un valor total de $1.650 millones. Pero en la práctica, para evadir impuestos vendieron la totalidad del predio que son 110 hectáreas, evadiendo el pago de impuesto de 60 hectáreas.
El predio lo compró la firma Alaris S.A. y este a su vez, se la vende a la firma Costa Arena S.A, ambas empresas tienen como representante legal al señor Andrés Restrepo Isaza. La segunda empresa es la que le vende a CEMEX Colombia S.A., donde hay un hilo conductor; ya que para sorpresa, esta firma CEMEX DE COLOMBIA S.A.
Pero lo sumamente extraño es que los investigadores encontraron que en la Cámara de Comercio de Cemex de Colombia, se establece que para asuntos jurídicos la dirección donde recibe las notificaciones es la misma de la empresa COSTA ARENAS S.A., lo que indica que se armó toda una estrategia apodarse del predio.
Dilación del proceso
Jorge Oliver Jiménez, abogado de los hermanos Marrugo Hernández, puso en conocimiento a la Procuraduría General de la Nación y pide un acompañamiento ante las anomalías y dilaciones dadas dentro del proceso, ante el poder económico de la cementera Cemex de Colombia S.A, el caso se ha dilatado para que corra el tiempo.
“Este proceso lo tuvo la Fiscalía 38 seccional de Turbaco y en seis ocasiones, no se realizaron las audiencias por la no asistencia del Fiscal 38 seccional Turbaco. Se puso queja en la Dirección Seccional de Fiscalía en Cartagena y no tomaron las medidas necesarias para evitar se negará el acceso a la justicia de las victimas quienes siempre ven como la justicia permite se dilate el proceso a pesar de las pruebas.
Luego pasó a la Fiscalía 55 seccional de Cartagena, y por reparto le correspondió al Juzgado 6 Penal del Circuito, donde no ha cesado la dilación de cinco audiencias programadas por este despacho solo se ha podido realizar una.
Primero el juzgado la aplazo en 2 ocasiones, luego el fiscal no realizó una prueba solicitada por la defensa de los demandados y posterior a esta, el señor fiscal después de tres meses pidió aplazamiento en audiencia programada para el 15 de febrero y luego en la última audiencia el abogado de la defensa presentó incapacidad, sin embargo, el juzgado a la fecha no ha programado una nueva audiencia.
Llamado a la Procuraduría
“El señor fiscal debe pedir la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente ante la certeza de su carácter apócrifo de registros. Es preocupante lo que está pasando y la Juez Sexto Penal del Circuito de Cartagena, no fijó fecha para la próxima audiencia”, destaca Oliver.
Añade el abogado que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la propiedad privada y solo se hará cuando esta se obtiene por justo título.
Ante ello, se ha solicitado la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación y de la dirección seccional de fiscalías para que le hagan una vigilancia estricta al proceso.
Jorge Oliver Jiménez destacó que la Policía Judicial certificó que las firmas con la que se hicieron los poderes y escrituras son falsas, por lo que exige el restablecimiento de derecho, devuelvan el lote a sus propietarios y se castigue a los responsables por los delitos de Fraude Procesal, Falsedad en Documentos Públicos y Delitos Conexos a los mismos.
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