Gran aliado de los campesinos de Cachenche que luchan por el derecho a la posesión

Un aliado de altos kilates se unió al equipo de personas que promueven a través de varias tutelas el derecho a la posesión de unas 200 familias que ocupan un extenso lote en la vereda Cachenche, jurisdicción del municipio de Turbana.

En una carta remitida el 22 de febrero a Miguel Antonio Gloria Payares, Juez Promiscuo Municipal de Turbana (Bolívar), el defensor del pueblo de Bolívar, José Hilario Bossio Pérez, manifiesta la decisión de coadyuvar la acción constitucional de tutela presentada por los señores Melena Simancas Heredia y Leonardo Fabio Meléndres en nombre propio y en su propia representación, en contra de la Sociedad de Activos Especiales –SAE- por la violación a los derechos constitucionales fundamentales a la vida digna, vivienda digna, mínimo vital, derecho al trabajo, debido proceso, derecho a la propiedad y posesión, presuntamente conculcados por la entidad accionada.

Señala el funcionario que la acción de tutela de la referencia, fue admitida por auto del 15 de febrero de 2021, en la cual, se ordenó de oficio vincular a la Defensoría del Pueblo, para que si es del caso, se manifiesten frente al interés legítimo que tuviere los reclamantes.

Recalca que además de las pruebas documentales que militan en el plenario, es posible evidenciar la amenaza y vulneración de derechos constitucionales fundamentales de los accionantes, motivo por el cual, desde la Agencia del Ministerio Público se coadyuvará la solicitud ante el Juez Constitucional en sede de Tutela, con el efecto de que se ordene la cesación de los hechos violatorios y se conmine a las autoridades públicas competentes para tales efectos.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo solicita al juez que tutele los derechos constitucionales fundamentales de los accionantes que vienen siendo desconocidos por la Sociedad de Activos Especiales –SAE- con ocasión a la orden de desalojo emitida por la entidad accionada con violación de los derechos constitucionales fundamentales de los accionantes conforme a lo expresado en este escrito.

También la Defensoría del Pueblo solicita al juez de tutela que se conmine a la Sociedad de Activos Especiales –SAE- que en el futuro se abstenga de emitir decisiones que contravengan las reglas y principios de las actuaciones administrativas y en especial, que comprometan los derechos constitucionales fundamentales de las personas que resulten afectadas con las mismas.

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