Algunos veedores y opositores de la administración del alcalde William Dau se quedaron con los “crespos hechos” porque esperaban que en la rueda de prensa realizada este viernes de manera conjunta por la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, anunciaran medidas en contra del mandatario local por varias denuncias que han hecho por presuntas irregularidades en la contratación.
En el encuentro con los medios los tres representantes de los órganos de control y fiscalización mencionaron decisiones de suspensión de alcaldes y gobernadores, apertura de investigaciones y suspensión de contratos, pero no se ocuparon de las presuntas irregularidades denunciadas en la ciudad.
Para el veedor Héctor Pérez, la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía son las entidades competentes para hacer las investigaciones. “Lo que decidan después de revisar toda la documentación será respetable, tengo entendido que apenas están revisando Cartagena, solo el miércoles entregaron la relación de contratos”, dijo.
Expresó que para nadie es un secreto que cuando se trata de Cartagena en muchos casos la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría son inoperantes y recordó el tema de Reficar y las denuncias sobre irregularidades durante la administración del ex alcalde Dionisio Vélez Trujillo.
Decisiones
Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
Por presuntas irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados 28 y por sobrecostos en adquisición de elementos de protección 6, por trasgresión del aislamiento obligatorio 9, por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia 3, por extralimitación de funciones de servidores públicos 2, y por otros hechos 34.
Por primera vez en la historia, la PGN citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.
También al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones.
En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
Apertura de investigación
Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos.
Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
Evaluación de pruebas
En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa ´Guitarra & Coffee´, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la PGN.
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
Leave a Reply