Por: Majo Del Toro Perea. Politóloga.
Toda una tormenta jurídica y política se ha desatado dentro del Pacto Histórico a raíz de su frustrada consulta popular interna, y de las últimas decisiones del CNE de no permitir el logo del PH en los tarjetones electorales, y que llevo a que uno de los precandidatos se retirara de la contienda.
Lo que pretendía ser una demostración de madurez democrática terminó siendo el retrato más fiel de su desorden interno. En mi columna anterior, “Pacto Histórico: Ensillando antes de tener la bestia”, advertí que el Pacto había decidido iniciar su carrera electoral al 2026 con el freno legal puesto: planearon una consulta popular interna sin que el Consejo Nacional Electoral hubiese aprobado la fusión de sus partidos y la creación del nuevo movimiento con personería jurídica.
Apostaron por una bestia que aún no existía. El CNE, como era previsible, aprobó la fusión parcial de tres colectividades (Polo Democrático, UP y Partido Comunista), pero dejó por fuera a Colombia Humana y al movimiento Progresistas.
Además, condicionó la personería del nuevo partido a que concluyan las investigaciones pendientes, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011.
En otras palabras, el nuevo “Pacto” existe, pero solo en papel… sin sello y sin certeza. El resultado: se cayó la consulta popular interna del Pacto Histórico como partido.
El progresismo recurrió a la tutela alegando vulneración del derecho a la participación política, pretendiendo conseguir la personería jurídica por vía judicial.
Les concedieron una medida cautelar para inscribir candidatos, pero la decisión de fondo fue categórica: improcedente.
Con la propuesta original en ruinas, se definió una salida, que fue concertada con la Registraduría, los candidatos y representantes de estas organizaciones: convertir el evento del 26 de octubre en una consulta popular interpartidista entre los tres partidos autorizados.
Ahí llegó el primer naufragio político. El candidato que surja de esa consulta no podrá competir en la del Frente Amplio, por prohibición expresa del artículo 7 de la misma Ley 1475 de 2011.
En consecuencia, el ideal de unidad progresista se desvanece antes de iniciar la carrera presidencial. En cuanto a las listas al Congreso, el panorama parece algo más alentador.
El CNE estableció que, si las investigaciones concluyen antes del 8 de noviembre, cuando se inicia el periodo de inscripciones, se habilitaría la personería del nuevo partido, permitiendo inscribir listas conjuntas. Pero si no ocurre, cada partido deberá lanzarse por separado, arriesgando incluso su propia supervivencia jurídica. Y recordemos: quienes en 2022 superaron el 15% del total de votos no pueden repetir coalición en 2026.
Es decir, ni siquiera la fórmula que les dio éxito podrá volver a usarse. En conclusión, el progresismo enfrenta un laberinto político y jurídico de su propia fabricación: Un Pacto Histórico que hoy no existe jurídicamente como partido; una tutela improcedente, una fusión incompleta, una consulta que perdió sentido, al convertirse en una consulta interpartidista; y una unidad que se fractura día tras día entre cálculos y egos.
De diez precandidatos quedaron dos, de la promesa de un partido único apenas un proyecto condicionado; la definición a dedo de la cabeza de lista al senado, lo que viola el derecho a la igualdad y la democracia interna; la presencia en sus estructuras de fuerzas políticas no afines ideológicamente al progresismo, que desvirtúan los anhelos de cambio en la forma de hacer política. ¡¡Lo que empezó ensillando sin tener la bestia, ahora se corre el riesgo que terminen sin la silla… y sin la bestia!!
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