En sintonía con la demolición piso a piso del edificio Aquarela en Cartagena, polémica torre que puso en riesgo la declaratoria de Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad, por parte de la Unesco, la Alcaldía de Cartagena adelantó un operativo de allanamiento a la oficina de Promotora Calle 47 S.A.S. en Medellín, Antioquia.
Después dos meses de estudio jurídico, la Dirección de Control Urbano del Distrito, liderada por Emilio Molina Barboza, embargó y secuestró de todos los activos de la constructora, gracias a sus funciones de inspección, vigilancia y control a los enajenadores de vivienda.
La toma de posesión se practicó a primera hora en la oficina de Promotora 47 en la carrera 43B No. 16 – 95, en el edificio Cámara Colombiana de Infraestructura Piso 8, por parte de una delegación de la Alcaldía de Cartagena de la Dirección de Control Urbano y con el apoyo de la Policía de Medellín
Con esta medida preventiva se busca, con la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la constructora, salvaguardar y proteger de forma especial y preferentemente los derechos de todas las personas que tras invertir en el polémico proyecto hoy son víctimas. Por lo tanto, el Distrito con esta acción administrativo pretende salvaguardar sus derechos a fin de preservar, mantener y recuperar el derecho a la vivienda digna, el orden público y económico.
Control Urbano designó a Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial, quien actuará como nuevo representante legal de la sociedad, y quien deberá emitir un concepto integral acerca del estado actual de la sociedad, para definir si la toma de posesión de los bienes será para administrarla o liquidarla. Con ello los damnificados podrán vincularse a esta actuación para que puedan garantizarse sus derechos.
Es de recordar que en la Ley 66 de 1968 se asignó a la Superintendencia Bancaria la función de ejercer inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a viviendas. Después, con el Decreto Nacional 405 de 1994 se cedió este rol de autoridad de control urbano a las entidades territoriales.
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