Manuela Miranda asegura que litigio por extenso terreno con Álvarez y Collins está llegando a su final y ella ganará

La señora Manuela Miranda Payares, matrona de la familia, asegura que Dios y varios fallos judiciales han permitido que luego de 11 años de lucha, permanezca en los terrenos afrontando una dura batalla jurídica contra la poderosa empresa constructora Álvarez y Collins.

La pesadilla para Manuela Miranda no cesa. La lucha por demostrar que este terreno de 36 hectáreas, ubicado cerca de la Urbanización Villa Rosita, es de su propiedad, aún continúa. Asegura que ha sido amenazada e intimidada, pero aun así no ha bajado la guardia. Asegura que hoy, con los documentos de su proceso en la mano y unos fallos que han comenzado a inclinar la balanza de la justicia a su favor, comienza a ver una luz al final del túnel.

Últimos fallos

Nuevamente dos fallos, en primera y segunda instancia, favorecen a la familia Miranda. Gilberto Álvarez Mulford, en representación de las sociedades Urbanizadora Caribe y Álvarez y Collins presentó una acción penal la cual le correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y en contra de la Inspección de Policía de la Comuna 13.

El accionante pretendía desalojar a Manuela Miranda Payares del predio que colinda por el norte con Las Palmeras, al sur con Hogares Crea, Oeste con Villa Rosita y al Este con canal Calicanto.

Los tutelantes atacaban las decisiones de la inspección y señalando que Manuela Miranda era una invasora. En la acción buscaban que la inspección de Policía llevara a cabo una acción de restitución a ellos como presuntos propietarios.

Álvarez y Collins pierde en primera instancia

En primera instancia, el Juzgado Tercero Penal Municipal negó la acción de tutela teniendo en cuenta que esta no era procedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez; toda vez que las actuaciones que pretendían atacar eran de hace más de dos años. Igualmente se manifestó que había una inactividad procesal de hace más de cuatro años por parte de los accionantes.

También pierde en segunda instancia

Los accionantes no contentos con este fallo impugnaron el cual le correspondió resolver al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento. Es así como con fecha 11 de octubre de 2021 se profiere decisión de segunda instancia en donde el despacho superior después de examinar la situación y ahondar en el problema jurídico que plantearon los accionantes manifestó que no estaba llamada a prosperar en segunda instancia la acción de tutela.

Lo anterior teniendo en cuenta que existe un fallo del 27 de diciembre de 2017 y que, según los accionantes no se le dio cumplimiento a un fallo policivo donde, según ellos, se refuta la posesión en esa época como querellantes, hoy como accionantes. A juicio de los entendidos, tanto Urbanizadora Caribe como la firma Álvarez y Collins fueron omisivos, morosos y negligentes, mal utilizando el aparato judicial para presentar ahora una acción de tutela.

Con esto queda una vez más en evidencia que el interés de la firma Álvarez y Collins por sacar a Manuela Miranda de sus predios se frustró, toda vez que ella viene ocupando estos terrenos por muchos años con documentos legales que ella está demostrando en todas las instancias legales y que demuestran que ella es la única propietaria.

Distrito en desacato

Las acciones legales ya han tocado las instancias de la administración distrital, hasta el punto que el Secretario del Interior, David Múnera tendría un pie en la cárcel y un proceso disciplinario en su contra por desatender un fallo judicial que favorece precisamente a Manuela Miranda Payaares, en este proceso que se sigue en medio de esta disputa con Urbanizadora del Caribe y la firma Álvarez y Collins S.A., cerca de Villa Rosita.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento con fecha 17 de septiembre de 2021 dentro del incidente de desacato solicitado por Manuela Miranda Pallares en contra de Múnera Cavadía, acaba de solicitarle al funcionario un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 10 de agosto de 2021 emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena en un término perentorio de 48 horas.

¿Qué le ordenó el fallo de tutela?

Esta sentencia fue clara al señalar que se declarara nula la decisión del 4 de mayo de 2021 proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana dejándola sin efectos a fin de que se profiera una nueva decisión y se realice la valoración probatoria pertinente de todas y cada una de las peticiones elevadas por las partes dentro del recurso de apelación y se determine a ciencia cierta el área objeto de disputa en cuanto a las dimensiones, linderos y medidas del predio objeto de amparo a la posesión dentro del proceso que se adelanta por Urbanizadora del Caribe S.A. y Álvarez y Collins S.A. en contra de Manuela Miranda Pallares y personas indeterminadas.

De esta forma, se le da un término de 15 días para dicho cumplimiento y ordena el togado al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, que aperture un proceso disciplinario en contra de Múnera Cavadía por no cumplir el fallo de tutela del 10 de agosto de 2021.

Hasta la presente han transcurrido, desde el fallo de tutela más de 60 días y el secretario del Interior no le ha dado cumplimiento al fallo de tutela a favor de Manuela Miranda Payares.

De la misma manera, ha transcurrido casi un mes y tampoco el funcionario le ha dado cumplimiento al requerimiento del Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento dentro del incidente de desacato aperturado. Tampoco se conoce si el Alcalde le dio cumplimiento a la orden del juez que le solicitó abrir el proceso disciplinario a Múnera Cavadía.

En tal sentido, Manuel Miranda Payares solicitó la intervención y el acompañamiento a la Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, la cual después de analizar el expediente llegó a la conclusión que es evidente la vulneración de los derechos fundamentales de la misma; así mismo la comisión de las presuntas conductas penales y disciplinarias relacionadas con el prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial en que estaría inmerso el alcalde y el secretario del Interior.

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