Este reconocimiento le fue otorgado por los Juzgados Séptimo, Primero y Segundo Penal del Circuito de Cartagena por solicitud del Distrito, que a través de sus apoderados expuso ante los respectivos funcionarios judiciales los argumentos por los cuales se considera que se ostentan todos los requisitos necesarios para tener tal calidad.
Por tal razón, y por el hecho de que se trató de un negocio entre particulares cuyas consecuencias nocivas trascienden a las arcas del Distrito, los llamados a reparar a las víctimas, incluida la ciudad de Cartagena, son Los Quiroz, quienes en todos los procesos penales han sido calificados como los únicos posibles responsables.
Desde el gobierno local se considera que, al igual que la Superintendencia de Notariado y Registro y las distintas entidades bancarias, el Distrito de Cartagena también ha sido perjudicado con las conductas punibles que según la Fiscalía General de la Nación cometieron los desarrolladores de estos proyectos.
Lo anterior, debido a que con la comisión de los delitos que según la Fiscalía tuvieron lugar con la construcción de dichas edificaciones, el ente territorial se ha visto obligado a pagar, por una orden judicial, subsidios de arriendo a los copropietarios de los inmuebles que debieron evacuar para lograr su reubicación y realizar estudios técnicos sobre los inmuebles. Con corte de mayo de 2021 la suma de subsidios entregados ascendía a más de $5 mil millones.
Es de resaltar que, la construcción de edificaciones hechas por Los Quiroz fue de manera ilegal, sin el lleno de los requisitos y a través de la utilización de documentación falsa que, según la propia Fiscalía, fue presentada ante funcionarios públicos que intervienen en el trámite para la legalización de la construcción de inmuebles.
¿Qué implica que el Distrito tenga calidad de víctima?
Con esta decisión se da un giro importante en los procesos, pues el Distrito entra formalmente, por primera vez en más de 3 años desde que se inició el proceso penal, a cumplir con su obligación como ente territorial de proteger los dineros públicos pertenecientes a toda la sociedad cartagenera, abriéndose la posibilidad que se le puedan resarcir todos los daños sufridos por la comisión de los delitos derivados de la construcción de los distintos edificios.
Desde la Oficina Asesora Jurídica se seguirá desarrollando una actividad decidida y contundente para equilibrar la carga impuesta a la administración y salvaguardar los intereses del Distrito.
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