Un nuevo capítulo se escribió en el caso de las más de 200 familias que vienen ocupando el terreno ubicado en la finca Cachenche, en jurisdicción del municipio de Turbana, tras ser admitido el incidente de desacato en contra del director de la Sociedad de Activos Especiales de la Zona Norte del país, Juan Pablo Valbuena Anaya, lo que frenó un eventual desalojo.
En tal sentido, el Juzgado Promiscuo de Turbana, Bolívar, conminó al funcionario para que informe con carácter URGENTE, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la respectiva comunicación; las razones por las cuales no ha dado cumplimiento al fallo de primera instancia de fecha 24 de febrero de 2021 que ordenaba adelantar un acompañamiento a las familias campesinas con el fin de que se procediera a realizar la identificación y clasificación de los campesinos ocupantes del predio Cachenche identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria Nro.: 060-76813, e inscribirlos en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).
Lo anterior con el propósito de evidenciar si reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la titulación o adjudicación por la Agencia Nacional de Tierras-ANT, de bienes inmuebles que integren el Fondo de Tierra o de subsidio con el mismo propósito, tal como lo establecen las normativas que integran el Decreto Legislativo 902 de 2017. Para ello podían contar con el acompañamiento de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Turbana Bolívar.
En ese mismo orden de ideas, fue notificada la representante del ente territorial junto con las autoridades para que se proceda a evitar una posible tragedia teniendo en cuenta las reacciones y los enfrentamientos que se han dado recientemente con los representantes de la SAE. «El llamado que se ha establecido por parte del togado hace referencia igualmente a que por allí pasa una tubería de gas natural, lo cual ante cualquier artefacto explosivo puede ocasionar una detonación y ocasionar una tragedia», precisó el director de la Red de Veeduría a la Rama Judicial, Vejuca, Erick Urueta Benavides.
El juez resaltó que el incidente de desacato es un trámite judicial reglamentado dentro del cual se debe respetar el debido proceso, aplicando los preceptos que lo rigen, dando curso a los pasos esenciales que lo componen e integrando el contradictorio con todas las personas que tuviesen legitimación por activa y pasiva; y que este trámite constituye un procedimiento sancionatorio, la imposición de la garantía del debido proceso y las formas propias del juicio. Se hace necesario, destaca el juez, individualizar al funcionario responsable de acatar el mandato judicial.
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