Una demanda de Reparación Directa interpuesta por una ex contratista del Distrito de Cartagena que fue presionada para laborar de manera presencial en medio de la pandemia del Covid 18 promete poner en aprietos al equipo jurídico de la Alcaldía.
La demanda fue interpuesta por el apoderado de Adriana Licett Poilao Gómez y varios miembros de su familia contra la Alcaldía de Cartagena y pretende que se declare al Distrito patrimonialmente responsable por el contagio grave de la Covid 19 a la demandante, por el actuar irresponsable y acoso laboral del director de Apoyo Logístico, Didier Torres Zúñiga.
Como consecuencia de la anterior se pide que se condene al Distrito a pagar a la señora Adriana Licett Poilao Gómez, Angie Alexandra Torres Martínez, Stella Gómez Herrera y Rodrigo Poilao Torres, por concepto de perjuicio moral causado la suma de $98 millones de pesos para cada uno, es decir 392 millones de pesos.
Adicionalmente, conforme al valor máximo de acuerdo al grado de parentesco, y para sus hermanos Rodrigo Alonso Poilao Gómez, Estela, Manuel y Willian, la suma de $49 millones acorde a los parámetros establecidos por la jurisprudencia nacional, hasta la fecha.
De la misma manera se solicita que se condene al Distrito a pagar a la señora Adriana Licett Poilao Gómez, 5 millones de pesos por concepto daño material en su modalidad de Lucro Cesante correspondiente a lo dejado de percibir durante su incapacidad y gastos en salud por su contagio de Covid.
Los hechos
Según el apoderado de los demandantes, la señora Adriana Poilao se contagió con el Covid 19 porque fue obligada a salir de su residencia por los insistentes llamados de su jefe para la época, ingeniero Didier Torres Zúñiga, quien amenazaba con cancelar los contratos o no firmar las certificaciones de pago, a quien no hiciera presencia en las oficinas de apoyo logístico de la Alcaldía de Cartagena, cuando a nivel nacional se había implementado por el presidente de la República, el teletrabajo o trabajo en casa.
Según el abogado, el Director de Apoyo Logístico presionó a sus funcionarios y contratistas a permanecer en la sede de esa dependencia en el Palacio de la Aduana muchas veces un número mayor a veinte personas, en un área que no brindaba la oportunidad de un distanciamiento social adecuado y encerrada lo que arrojó como resultado el contagio de 6 personas, entre esas la demandante que laboró hasta junio de 2020.
Entre los meses de marzo a junio el director de Apoyo Logístico, acogiendo una supuesta orden verbal emitida por el Alcalde Mayor presionó a los funcionarios de carrera administrativa y contratistas a acudir al sitio de trabajo, exponiendo inclusive sus vidas. Así se demuestra con los audios intimidatorios que serán expuestos durante el proceso.
“2 o 3 tenemos encima en el hombro toda la oficina, mientras que los demás vienen por ratos y se van así no funciona señores me da pena a quien no le guste los términos pero no me sirve el trabajo así por raticos ni desde la casa este trabajo es presencial y necesito los abogados aquí todo el día… si van a colaborar si lo quieren llamar colaboración es acá en la oficina cien por ciento porque esto no es por raticos señores…”, señala uno de los audios de fecha mayo de 2020.
Daños morales
Señala el abogado que además del derecho a la salud que se afectó, el perjuicio moral de todos mis poderdantes, fue extrema al considerar la posibilidad que la joven Adriana Licett Poilao Gómez, iba a perder la vida, frente a todos los hechos noticiosos que se presentaban a diario y donde la perdida de vida en promedio diario en todo el país, se sostenía en 400 fallecidos, lo que agravaba la condición y preocupación de todo el núcleo familiar.
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