La Gobernación de Bolívar intermediará entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y más de 200 familias de la vereda Cachenche, Turbana, quienes vienen luchando desde hace varios meses por la posesión de unos terrenos.
“Hoy convocamos a los representantes de la comunidad campesina de Cachenche, ubicada en Turbana, para escucharlos y ratificarles nuestro acompañamiento en la búsqueda de soluciones a la problemática que se les presenta, luego de la solicitud presentada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que les reclama la devolución de los predios que habitan, alegando un proceso de extinción de dominio”, expresó el mandatario seccional, Vicente Blel en su cuenta de twitter.
Recalcó que “aunque la decisión a este proceso no recae sobre la Gobernación de Bolívar, quiero decirles que ustedes no están solos. Este es un gobierno de puertas abiertas y estamos aquí para apoyarlos junto a la Alcaldía de Turbana y la Defensoría del Pueblo.
El pronunciamiento lo hizo el Gobernador luego de una extensa reunión en la que los líderes de la vereda le informaron al mandatario departamental sobre las denuncias que han venido instaurando la comunidad. Luego de escuchar a los campesinos Blel se comprometió a programar una nueva reunión con la presencia de los directivos nacionales de la Sociedad de Activos Especiales-SAE y otros miembros del gobierno nacional, para revisar toda la información.
Durante la mesa de trabajo las víctimas señalaban los errores que se habían cometido al interior de las notarías al elevar de manera absurda la extensión del predio, imposibilitando que se tenga una real dimensión de las hectáreas que realmente posee el inmueble.
“Con abundantes pruebas que fueron entregadas a todos los funcionarios que participaron en la audiencia, quedó demostrado que el predio en litigio no tiene 167 hectáreas cómo ha querido demostrar la SAE, y que se ha podido comprobar que en el pasado particulares mediante maniobras fraudulentas y delictuosas, aumentaron la extensión del predio, contando con la complicidad de Notarías, Oficina de Registros Instrumentos Públicos, IGAC”, anotó el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández.
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