Más de 200 familias campesinas que ocupan un terreno en la vereda Cachenche en el municipio de Turbana afrontan una nueva amenaza de desalojo promovida por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, afectando a más de 900 personas entre mujeres, hombres y menores de edad.
«SAE quiere desalojarnos Ilegalmente, somos 220 familias campesinas del municipio de Turbana, quieren sacarnos de unas tierras que poseemos desde hace más de 20 años cultivando pancoger y algunos viviendo en sus ranchos», advierte Enaldo Tovar, líder de la vereda.
La amenaza de desalojo motivó una protesta de las familias afectadas consistente en un plantón que se realizará el próximo 16 de febrero a partir de las 6:00 de la mañana y en donde participarán los habitantes de la vereda.
Manifiestan los afectados que la orden de desalojo la dio Juan Pablo Valbuena, gerente regional norte de la SAE, quien fue asesor del ex alcalde Dionisio Vélez para garantizar que todo marchara «bien» con los contratos inconclusos del empréstito de $250.000 millones de pesos.
Expresan que hay familias que vienen explotando esas tierras entre 10,15 y 20 años de manera pacífica y hoy los quieren desalojar de sus viviendas y cultivos de pan-coger por orden de la SAE por un proceso en curso de extinción de dominio sobre una parte del sector de la vereda Cachenche.
Un poco de historia
Aseguran los campesinos que a esas tierras no se les conocía poseedores o propietario fueron abandonadas hace muchos años, no valían nada estuvieron enmontadas con proliferación de animales y refugios de delincuentes y fueron recuperadas por las familias que las limpiaron y las convirtieron en una zona productiva y con seguridad porque tienen frentes de vigilancia y algunas viviendas.
Añaden que con la extensión empresarial ahora nos los quieren sacar. En octubre se presentó en el predio la señora Martha Jiménez en representación de la Inmobiliaria Bustamante, solicitando que desocuparan el predio porque dicha inmobiliaria era depositaria del inmueble por parte de la SAE, pero sin mostrar documentación ninguna y sin identificar a que predio o tierras se refería.
Según la SAE, el predio con matricula inmobiliaria 060-76813, se encuentra en un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General y por eso conmina a las familias a desalojar el terreno.
La SAE, a través de la abogada Nataly Gaitán llegó los primeros días de enero de 2021 a los terrenos para realizar un censo poblacional.
“La funcionaria de la SAE no sabía cuáles son las tierras que ordenó desalojar, el día que se hizo presente los mismos campesinos la guiaron para que hiciera un censo parcial de cerca de 60 familias. Nadie sabe cuáles son los reales linderos, dimensiones de los linderos, ni la real cabida de la finca que está en conflicto por un señor que fue supuesto dueño hace 24 años”, expresa Enovaldo Tovar.
Recalca que no ha habido dueño reconocido y hay muchas dudas sobre la extensión del terreno que forman la finca que van a desalojar. “Les aumentaron más con el tiempo, en el certificado aparece con 167 hectáreas, las cuales la SAE ya puso el aviso para arrendar esa extensión por $12 millones mensuales.
“Los campesinos ya están instaurando tutelas y hablaron con defensor del pueblo Hilario Bossio”, expresó Enovaldo Tovar, presidente de la Asociación de Campesinos Monte De Dios-Turbana.
Las tutelas contra el gerente regional norte de la SAE, Juan Pablo Valbuena Anaya, buscan salvaguardar los derechos a una vida digna, vivienda digna, mínimo vital, derecho al trabajo, debido proceso, a la posesión y vías de hecho que vienen siendo vulnerados por las decisiones adoptadas por la SAE.
Piden suspender proceso
A través de la tutela se solicita, como medida provisional, se ordene a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES -SAE suspender el procedimiento de desalojo previsto para el día 16 de febrero de 2021, ya que dicho procedimiento es violatorio de los derechos a la vida digna, vivienda digna, mínimo vital, al trabajo, al debido proceso y al derecho de posesión de las personas que han ocupado por muchos años el territorio en cuestión, y la realización material del procedimiento, sin tener en cuenta que hay personas que son poseedores desde hace mucho años, puede dar lugar a un enfrentamiento entre la comunidad y la policía que termine con heridos, o en el peor de los casos alguna persona de la comunidad muerta, por los antecedentes de disparos por parte de la fuerza pública que ya han existido.
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