Sin haber propinado el primer “monazo” a la torre de 33 pisos del proyecto Aquarela, construida en la manzana 186 del barrio Torices, la constructora anunció este viernes 13 de noviembre que instauró una demanda contra el Estado.
A través de un comunicado la Promotora Calle 47 SAS, constructora de la torre informó a la opinión pública que instauró una demanda de reparación directa en contra del Estado.
Tal como se había anunciado el anuncio de la demolición del edificio Aquarela por parte del alcalde de Cartagena, William Dau generó la demanda. “Promotora Calle 47 SAS, que reúne a las firmas responsables del proyecto habitacional Aquarela, instauró demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la acción judicial, la constructora busca el resarcimiento de los perjuicios causados por el Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena a los inversionistas y compradores de vivienda en el proyecto habitacional. Es de anotar que previo a la instauración de la demanda, se convocó a una audiencia de conciliación, la cual concluyó sin éxito”, señala el comunicado.
Añade que el comunicado que el “Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena desconocieron los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad urbanística aplicable al proyecto de vivienda de interés social”.
Agregó que la Alcaldía de Cartagena puso en entredicho la legalidad de las licencias que amparan el proyecto, “suspendiendo de manera ilegal la continuación de la obra”.
Para la Promotora el proyecto habitacional Aquarela ha sido utilizado como excusa para justificar la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena.
Según la constructora, Mincultura manejó con informaciones imprecisas y erróneas, dirigidas a la opinión pública, a las autoridades nacionales y al Comité de Patrimonio Mundial, para direccionar y presionar decisiones judiciales y administrativas en contra de la edificación.
Promotora Calle 47 precisó que previo a la instauración de la demanda, que busca el resarcimiento de los perjuicios causados por el Estado, a través del Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena, a los inversionistas y compradores de vivienda en el proyecto habitacional, convocó a una audiencia de conciliación, la cual concluyó sin éxito.
Responsabilidad del Distrito
Señalan los constructores que el Distrito de Cartagena, en abierto desconocimiento de sus propios actos administrativos de ordenamiento territorial, ha puesto en entredicho la legalidad de las licencias que amparan el proyecto, suspendiendo de manera ilegal la continuación de la obra. Todo esto a sabiendas de que varios desarrollos se adelantan con base en la misma condición normativa sin que se les formule reproche alguno.
“En tanto se surte la primera audiencia en el marco de esta demanda de reparación directa, Promotora Calle 47 SAS continuará atendiendo todos y cada uno de los requerimientos legales de los procesos en curso y seguirá demostrando prueba a prueba la calidad técnica de la obra, así como la legalidad de cada una de sus actuaciones”, puntualiza el comunicado.
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