El ABC jurídico que tiene tambaleando el contrato de la primera dama de Dau

El análisis jurídico que realiza la Contraloría Distrital sobre la contratación de la señora Cynthia Pérez Amador, denominada por el alcalde William Dau como “primera dama”, le permitió al ente de control emitir una primera decisión en el sentido de un posible detrimento fiscal contra el Distrito con alcance disciplinario y penal.

Aunque el detrimento es de apenas unos 33 millones de pesos, el caso de Pérez Amador tiene activa las redes porque por un lado los seguidores del alcalde Dau han querido mostrar el hecho como una ataque personal contra la líder cívica por ser de extracción  humilde y afrodescendiente, mientras que los opositores al mandatario local ven la caída de la “primera dama” como golpe certero a la política anticorruptiva del ex veedor.

Sin embargo, la Contraloría Distrital hace un análisis netamente jurídico que puede ser controvertido en ese mismo ámbito. El siguiente es el ABC jurídico de un caso que cada día se crece y que podría afectar no solo la estabilidad laboral de la “primera dama”, sino del mismo Alcalde Dau.

Este el ABC jurídico

  • El análisis de la Resolución N° 9551 del 2017, el contrato N° 76 de 2020 concluye que el contrato de Chyntia Pérez no cumple con los requisitos para ser considerado de prestación de servicios especializados de alta confianza, y por lo anterior, no se encuentra justificado sobrepasar el límite de los honorarios permitidos en el acto administrativo en cita.
  • Se procedió a analizar el contrato y dentro de las obligaciones estipuladas a la contratista, no es posible determinar o vislumbrar que se cumpla de alguna manera el perfil especializado o los requisitos que establece el artículo segundo de la Resolución No 9551 de 2017.
  • Así mismo, dentro del análisis que se realizó del precitado contrato, se tiene que las obligaciones pactadas, no permiten determinar que nos encontremos ante una asesoría especializada catalogada como de alta confianza, o que se trate de asesorías de carácter científico, cívico, social, legal, económico o contractual. Toda vez que la contratista no tiene ningún título profesional en tales áreas del conocimiento, así como especialización, y mucho menos se aporta soportes de experiencia suficiente que acredite alguna de ellas.

Hoja de vida

  • Después de revisar la Hoja de vida SIGEP, y los demás documentos soportes que acreditan experiencia y formación académica, se encontró que la contratista aporta un certificado del Politécnico Central sede Cartagena, que le otorga el título de Técnico en Análisis y Programación de Sistemas, además de otras certificaciones, que dan cuenta de diplomados y algunos cursos realizados en el Sena y otras instituciones.
  • La contratista no posee un conocimiento profesional especializado, que le permita suscribir un contrato de prestación de servicios especializado catalogado de alta confianza, porque ni sus estudios académicos, ni la experiencia, acreditan tal condición.
  • En ese orden, es necesario poner de presente que los requisitos, criterios y perfiles para fijar los honorarios de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión que se celebre con personas naturales en el Distrito de Cartagena, y fueron adoptados mediante Resolución N° 9551 del 29 de diciembre de 2017, expedida por el Alcalde Mayor de Cartagena para la época Doctor SERGIO LONDOÑO ZUREK.
  • De cara a lo anterior, observamos que en el artículo segundo del acto en cita, y que se encarga de regular los valores límites para fijar los honorarios en los distintos tipos de contrato, textualmente expresa que: El nivel 10 tendrá una asignación de $7.200.000 y los requisitos son: Asesores de despacho, servicios especializados de alta confianza, asesorías de carácter científico, cívico, sociales, legales, económicos y contables.
  • Como bien puede observarse, el contrato de prestación de servicios suscrito entre la señora CYTHIA DEL CARMEN PEREZ AMADOR y el Distrito de Cartagena, es denominado como de apoyo a la gestión de alta confianza; lo anterior equivaldría a decir, en virtud de la excepción a los limites reglada en el acto administrativo transcrito y utilizado como soporte, que el contratista prestará servicios especializados, brindando asesorías de carácter: “científico, cívico, sociales, legales, económicos y contables” al Despacho del Alcalde.
  • No existe prueba que permita corroborar, que la contratista sea profesional especializada, o tenga la suficiente experiencia que le permita soportar la prestación de servicios especializados o asesorías en alguna de las áreas previamente esbozadas, pues el único título que aporta la contratista a su hoja de vida, es el de TECNICO EN PROGRAMACION Y ANALISIS DE SISTEMAS, de acuerdo a certificación y acta expedida por el POLITECNICO CENTRAL.

Funciones de la contratista  

  • Ahora bien, si revisamos de forma detallada las obligaciones patadas en el contrato N° 76 del 2020, encontramos entre otras, las siguientes:
  • Acompañamiento al Alcalde Mayor de Cartagena en las actividades realizadas con las comunidades de los distintos sectores de la ciudad.
  • Brindar apoyo en la coordinación y transmisión de las instrucciones que imparta el Alcalde Mayor de Cartagena.
  • Apoyo en la organización del ingreso y salida de documentos y correspondencia del despacho del Alcalde
  • Apoyo en la elaboración de lineamientos de los proyectos de carácter social y de inclusión a las comunidades.
  • Como se evidencia, cada una de las obligaciones específicas, tal y como reza en la cláusula segunda, están relacionadas con un contrato de apoyo a la gestión, como bien se le denominó al instrumento; empero no se vislumbra en ella actuación o actividad que den cuenta de la ejecución o aplicación de algún conocimiento específico y mucho menos especializado que permita encuadrarlo en la excepcionalidad de la alta confianza, de modo que el alcance de cada uno de ellas es meramente asistencial.
  • Frente a lo expuesto debemos concluir que las actividades realizadas por la señora CYTHIA DEL CARMEN PEREZ AMADOR, en ejecución del contrato suscrito, son propias de un contrato de apoyo a la gestión con connotaciones asistenciales mas no especializadas por lo que la asignación de honorarios máxima a la luz de lo dispuesto en la Resolución que fija lo limites no podían exceder la suma DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (2.200.000).
  • Situación que cobra más fuerza si tomamos en cuenta el informe institucional de fecha 21 de enero a 20 de febrero de 2020, que fue remitido como prueba por la Dirección Administrativa de Talento Humano en donde no se resalta actividad alguna que se encuentre enmarcada como en asesorías de carácter: “científico, cívico, sociales, legales, económicos y contables” al Despacho del Alcalde, por lo que es claro que no está prestando servicios especializados de alta confianza o asesorías, que permitan la aplicación de la excepcionalidad contenida en la Resolución No 9551 del 29 de diciembre de 2017.
  • Con base en todo lo decantado, claramente podemos afirmar, que de conformidad con la regulación de las normas que rigen la contratación pública y la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible considerar la existencia jurídicamente viable de un contrato de apoyo a la gestión que tenga connotaciones de prestación de servicios especializados, en la medida que los mismos están reservados solo para los profesionales. En consecuencia, podríamos estar frente a una equivocada práctica por parte del sujeto de control que atenta contra las disposiciones que rigen la relación contractual utilizada y las normas y principios que rigen la actuación de los funcionarios públicos y que atentan contra la gestión fiscal de la entidad.

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