La Contraloría General de la Nación inició la intervención funcional de oficio sobre el proceso de contratación de pruebas rápidas aprobadas por el Invima para el diagnóstico y contención del Covid19 en el Distrito de Cartagena realizado con la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda, el cual tuvo un costo de 725 millones de pesos.
La intervención, que se produce luego de las denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de las pruebas Covid, opera sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere.
En la Resolución emitida por la Contraloría se ordena a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata remitir a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, toda la información recaudada y que concierna a los objetos de control relacionados en el contrato objeto de la intervención, así como los informes que sobre el particular sean elaborados.
Señala la Resolución en su parte considerativa que de conformidad con el literal f) del artículo 19 del Decreto Ley 403 de 2020, la intervención ordenada se extenderá hasta la culminación de la actuación correspondiente incluyendo la decisión de fondo sobre la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo respectivo, si hay lugar a ello.
Por qué la intervención
Como se sabe varios veedores y Funcicar advirtieron sobre unos sobrecostos que habría tenido la Alcaldía de Cartagena al momento de contratar la compra de pruebas rápidas para diagnóstico y contención del coronavirus en esta ciudad.
Los denunciantes cuestionan presuntos sobrecostos en la adquisición de 10 mil pruebas rápidas para el Diagnóstico y Contención del COVID-19 en la ciudad, a través de un contrato suscrito con la empresa Ventas, Distribución y Marketing LTDA.
Según Funcicar, la administración distrital compró las pruebas a $72.500 la unidad, cuando en el mercado se pueden conseguir a un precio de $29.555.
De acuerdo a los denunciantes si las pruebas no se hubiesen pagado a 72.500, se hubieran podido adquirir no 10.000, sino 24.530 afectando de esta manera el proceso de atención de la pandemia en la ciudad.
“Pudimos acceder a cotizaciones a procesos de la Alcaldía de Montería, Sanidad Militar y la Fuerza Aérea Colombiana, con IVA y sin IVA, en las mismas fechas que lo hizo la Alcaldía de Cartagena, y los precios oscilaron entre 27 mil y 33 mil pesos”, aseguró Carolina Calderón, directora de Funcicar, a la cadena Caracol Radio.
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